Como “desfavorable” fue calificada por la Contraloría General de Santiago de Cali la gestión cumplida por EMCALI EICE ESP respecto del uso de su infraestructura de servicios de energía y telecomunicaciones por parte de terceros durante el periodo 2013-2016.

 La Contraloría estableció que EMCALI no implementó los controles legales, financieros y ambientales efectivos para garantizar el uso y recaudo de las tarifas que debían pagar los terceros por usufructuar con fines privados la infraestructura pública.

 “La gestión de Uso de la Infraestructura, EMCALI no responde a los principios y estándares de eficiencia, economía, celeridad, transparencia y protección de sus intereses empresariales, observándose una gestión deficiente y antieconómica; además, en su Plan Estratégico la empresa no consideró el Uso de su Infraestructura por parte de terceros como un producto o servicio que le generara ingresos adicionales”, sostuvo el Contralor del Cali, Ricardo Rivera Ardila.

 Por estas deficiencias, la Contraloría determinó un total de 19 hallazgos administrativos, de los cuales 18 tuvieron alcance Disciplinario, cuatro (4) de tipo penal y cinco (5) con alcance fiscal por un presunto detrimento patrimonial de $8.990 millones. De este presunto detrimento, $7.673 millones corresponden a deficiencias en la gestión de Telecomunicaciones y $1.317 a deficiencias en el uso de infraestructura energética.

Deficiencias de Telecomunicaciones

  • Las situaciones irregulares detectadas en la gestión y control de la infraestructura de telecomunicaciones se resumen así:
  • Falta de gestión para establecer mecanismos gerenciales que permitieran disponer de metas periódicas y efectuar seguimiento y control
  • Inexistencia de procesos y procedimientos que permitan la administración de la infraestructura utilizada por terceros de manera eficiente y oportuna.
  • Falta de legalización de contratos de usos de infraestructura, con los operadores que han venido haciendo uso de la misma de manera ilegal desde el año 2008.
  • No actualización de tarifas.
  • Inexistencia de planes de acción que permitan la evaluación posterior del proceso
  • No actualización del inventario de la infraestructura propia de EMCALI y de su uso por operadores de Telecomunicaciones que prestan servicios de telefonía, televisión e internet en los Municipios de Cali, Yumbo y Candelaria.

 

Entre los problemas más agudos se destaca que Emcali no ha suscrito ni formalizado contratos para el uso de la infraestructura de Telecomunicaciones, por parte de los operadores de comunicaciones. De nueve operadores que usan sus redes de telecomunicaciones, solo mantiene contrato con uno de ellos, y a los demás les factura pero carece de mecanismos eficaces de recaudo, afectando las finanzas de la empresa.

EMCALI no ha realizado el cobro de los valores que debieron pagar los operadores por uso de infraestructura desde el año 2008, a pesar de haber tenido conocimiento de su uso no autorizado por parte de terceros, generando un presunto detrimento por $6.652.466.888.

El inventario de la infraestructura solo está documentado en el 7,5% del total, y sobre ese bajo porcentaje se realiza la facturación a las empresas que usan sus redes. Es decir, Emcali no cobra a los particulares el uso del 92,5% de su infraestructura de Telecomunicaciones, generando bajos ingresos y permitiendo que privados usen las inversiones públicas en infraestructura sin pagar por ello.

 

Deficiencias en infraestructura de energía

La Contraloría determinó que la Comisión de Aseguramiento del Uso de la Infraestructura, creada por EMCALI en 2013, no cumplió con las funciones establecidas, omitiendo diseñar estrategias para la protección de la infraestructura, definir políticas para su uso y velar por la adecuada implementación de este proceso.

Se estableció que EMCALI cuenta con 23 operadores privados de sus redes de infraestructura energética y, aunque tiene contratos suscritos con ellos, carece de mecanismos efectivos de recaudo para garantizar el ingreso de sus recursos.

También se estableció que EMCALI permitió que un contratista ejecutara de manera continua un contrato de uso de postes y ductos para instalar redes destinadas a prestar el servicio de telecomunicaciones, sin haber constituido las pólizas de garantía necesarias para el desarrollo de tales actividades. Dicho contrato fue suscrito en el año 2007 por un periodo de tres (3) años pero actualmente se encuentra en ejecución debido a que ha sido prorrogado automáticamente sin que las pólizas hayan sido rigurosamente renovadas.

Así mismo, se evidenció que EMCALI dejó de cobrar a cinco (5) operadores, en el período septiembre –diciembre de 2013, la suma de $1.317 millones, al presentarse diferencia en la liquidación efectuada por uso de la infraestructura eléctrica y la establecida en la metodología emitida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC.

La Contraloría también estableció un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria porque, al contrario del caso anterior, EMCALI facturó un mayor valor de $2.252.a Catorce (14) operadores, por concepto de uso de infraestructura, al presentarse diferencias entre la liquidación efectuada y lo establecido en la Resolución 4245 de 2013 emitida por la CRC.

En el periodo 2013-2016, EMCALI recaudó solo el 82% de lo presupuestado por usos de su infraestructura de energía. Así, de $74.649 millones solo recaudó $61.230 millones.

Entre las deficiencias establecidas se cuenta también el incumplimiento de cláusulas previstas en los contratos, que conllevan al usufructo de la infraestructura con riesgo en la recuperación de recursos facturados; no adelantar acciones jurídicas y/o administrativas tendientes a la normalización de la relación contractual; y facturas vencidas por más de cuatro (4) años, poniendo en riesgo los recursos financieros de la entidad.

Otras debilidades se centran en la iniciación de Acuerdos de Compartición sin las pólizas de garantía establecidas a cargo del contratista, sin aprobación y sin acta de inicio; contratos y acuerdos con operadores en proceso de liquidación y falta de acciones oportunas para el cobro coactivo de los derechos por uso infraestructura eléctrica.

Estas situaciones elevan el nivel de riesgo de un presunto detrimento patrimonial y de afectación al medio ambiente, y también se pone en riesgo a la comunidad y la continuidad en la prestación del servicio público de energía cuando los operadores de privados usan la infraestructura energética sin viabilidad o de forma ilegal, desconociendo la capacidad de carga de la misma.

Mayores informes
Ricardo Rivera Ardila
Contralor General de Santiago de Cali
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